¿Qué pagamos en realidad con la «tasa de basuras»?
En los últimos años, numerosas industrias de Almassora, Onda y l’Alcora han recibido liquidaciones por un concepto que sigue generando confusión: la tasa por la gestión de residuos sólidos urbanos, conocida como “tasa de basuras”. Aunque el nombre invita a pensar en cualquier residuo generado por la actividad empresarial, la realidad es más específica. Conviene aclarar qué cubre esta tasa, cómo se calcula y por qué está generando un creciente malestar en las áreas industriales afectadas actualmente.
¿Qué cubre realmente esta tasa?
La tasa de residuos es un tributo municipal obligatorio destinado a financiar la recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos. Y aquí aparece la clave: no se refiere a los residuos industriales generados por la actividad productiva, que cada empresa debe gestionar obligatoriamente a través de gestores autorizados correspondientes legalmente.
Es decir, la tasa cubre solo residuos domésticos o asimilables a domésticos, como los generados en oficinas, comedores, vestuarios o zonas administrativas. No sustituye la gestión de residuos peligrosos, industriales o específicos del proceso productivo propios de cada actividad empresarial.
¿Por qué se cobra?
La Ley 7/2022 obliga a aplicar esta tasa para cubrir el coste del servicio y promover el “pago por generación”, pero su implantación es mínima y no refleja la producción real ni la calidad del servicio. En 2025 generó más de 3.488 millones de euros para las administraciones públicas, un incremento del 150% respecto a años anteriores.
¿Y qué pasa en las zonas industriales?
Aquí surge la controversia. En muchos polígonos industriales, el servicio de recogida municipal es inexistente o insuficiente, sin recogida diferenciada ni adaptación a las necesidades reales. No se aplican bonificaciones por buenas prácticas ni se reconoce el esfuerzo de empresas con certificaciones ambientales. Aunque gestionan sus residuos mediante operadores privados, las industrias pagan por un servicio que no utilizan. Tampoco se distingue entre grandes y pequeños generadores ni se ajusta la tasa a la cantidad real producida. Además, muchas empresas con ISO 14001 o EMAS no pueden separar adecuadamente sus residuos por la falta de infraestructura.
Además, esta tasa mal diseñada puede generar desigualdad entre municipios. Según los datos, los aumentos de tarifas han sido desiguales: en algunos casos se han disparado hasta un 240 % en sectores concretos, como ocurre en otros municipios. La falta de criterios comunes y la disparidad en las ordenanzas provoca una competencia desleal, en la que una empresa puede pagar el doble o triple que otra por estar en un municipio distinto.
Una crítica necesaria
Sin negar la necesidad de financiar los servicios públicos, urge revisar el modelo en áreas industriales. Aplicar la lógica residencial carece de sentido cuando las industrias gestionan residuos y no reciben un servicio efectivo. Tampoco es aceptable usar la referencia catastral sin considerar la operativa real ni ignorar las buenas prácticas. La tasa es legal, pero su aplicación resulta desproporcionada y mal adaptada. Las industrias piden proporcionalidad, equidad y coherencia, con bonificaciones reales y mejoras visibles como recogida adaptada, contenedores adecuados y rutas eficientes.
¿Cuáles son las tarifas?
Tarifa para grandes industrias (IAE 24 y 25): 4.500 € anuales
Contenedor adicional por más de 20 kg/día: 180,12 €
Con convenio de gestión privada, se puede solicitar exención.
